La Municipalidad de San Miguel de Tucumán interpuso un recurso de revocatoria a la cautelar que suspendió los decretos municipales que disponían cambios en la explotación de la línea 11. En tanto, Jorge Berreta, apoderado legal de Leagas SA -firma que tenía un permiso provisorio sobre la concesión- manifestó que no está de acuerdo con la medida cautelar, pero que la acatará. Mientras se dirime este conflicto, los choferes de “la 11” están de paro por tiempo indeterminado.

El sábado pasado, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo había ordenado a la Municipalidad que “retrotraiga la situación de la concesión de la línea 11 al estado imperante anterior a la declaración de los decretos municipales”. En el oficio, además, se aclaraba que el municipio capitalino estaba bajo apercibimiento de desobediencia judicial en caso de no devolver la concesión a la firma Inverbus SA.

El secretario de Gobierno municipal, Walter Berarducci, consideró arbitraria y sin sustento jurídico la medida cautelar. “Son legítimos y ejecutorios los decretos firmados por el intendente Germán Alfaro”, añadió.

El funcionario advirtió que la empresa Inverbus SA no aportó a la Justicia ningún elemento que demuestre supuesta arbitrariedad en las decisiones de la Intendencia “como alega su propietario”.

“Esta firma está concursada actualmente y es una incumplidora serial de las condiciones de concesión del servicio de ómnibus”, denunció.

Un gran esfuerzo

Berreta, apoderado legal de la firma Leagas SA, dijo que hizo un gran esfuerzo para hacerse cargo de la explotación provisoria del servicio de la línea 11. “Hicimos un gran esfuerzo y una gran inversión en tiempo récord: incorporamos todo el personal, adquirimos 30 unidades y cumplimos con la autoridad de aplicación”, indicó.

El empresario agregó que no está de acuerdo con la medida cautelar dispuesta por la Justicia. “No coincido, porque siento que no se valoró la inversión”, renegó. A pesar de eso, Berreta dijo que acatará las órdenes del poder ejecutivo municipal y de la Justicia, “No trabajamos fuera de la legalidad”, sentenció.

Hasta que se solucione el conflicto legal, los usuarios de “la 11” estarán desamparados.